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Contratista de los Estates en problemas por tomar dinero y no construir casas
ED MATTHEWS
Casa sin terminar de Eladino Rey, ubicada en el 5220 40th Street NE. Hace cuatro años los dueños hicieron un contrato con Esquadra Developers para construir la casa con piscina y lanai, por un total de $199,350.
Naples.- La entrada de gravilla está descuidada y una montaña de arena se alza cerca de lo que parece ser una casa de color terracota en Golden Gates Estates.
Es el sitio donde Alicia y Eladino Rey esperaban pasar el resto de los días de su retiro.
“Vendimos lo que teníamos en República Dominicana”, dijo Alicia Rey, de 64, “para mudarnos para acá y tener la tranquilidad mental de haber pagado completamente nuestra casa”.
Sin embargo, durante los dos últimos años la pareja se ha hallado en medio de una nébula de construcción como en una pesadilla.
“En total, hemos pagado $220,350,” dijo Eladino Rey, de 72, “y apenas tenemos una casa”.
Los Rey están entre los varios residentes de Collier que han tramitado quejas formales con el Departamento de Negocios y Regulación Profesional, o demandas civiles en contra de la residente de los Estates, Verónica Fernández y sus compañías Esquadra Developers y Golden Dream Homes.
Fernández está lidiando actualmente con siete demandas legales en la corte del circuito por violación de contrato o deuda de contrato, muestran documentos judiciales.
Los intentos de contactar a Fernández por teléfono y personalmente durante la pasada semana fueron fallidos, así como una llamada a su abogado de Naples, Antonio Faga, quien se encuentra de vacaciones.
Pero en una entrevista el jueves durante una visita al hogar de Fernández en los Estates, su hijo, Demetrius Fernández, de 19, dijo que era una locura sugerir que su madre estuviera involucrada.
De acuerdo al reporte de una investigación del Departamento de Negocios y Regulación Profesional, en agosto 2005, los Reys firmaron un contrato con Fernández para construir una vivienda en 5220 40th St. N.E., en Golden Gate Estates.
Sin embargo, investigadores descubrieron que las solicitudes de permisos no habían sido obtenidas hasta julio 2006 - más de 120 días fuera de los límites permitidos por la ley y un mes después de la fecha en que los Reys esperaban recibir las llaves de su nueva casa.
La investigación estatal reveló que el hogar de los Reys permaneció “sin terminar e inhabitable,” con labor chapucera y un techo tan mal hecho que necesita ser rehecho antes que alguien pueda siquiera considerar mudarse a esa estructura.
Aunque el Departamento de Negocios y Regulación Profesional fue incapaz de contactar a Fernández durante la investigación de los Reys, los récords muestran que ella contactó al departamento en septiembre luego de una orden de cese-y-desista que fue iniciada cuando otra residente de los Estates, Zulima Alfaro, inició una queja contra ella en agosto por no tener licencia.
“Me dejó con un gran problema,” dijo Alfaro de 60. “Estoy a punto de perderlo todo”.
En noviembre de 2005, la retirada pagó a Fernández $34,000, el 20% del costo estimado para la construcción de una vivienda de $170,000 y unos adicionales $10,000 para una casa de huéspedes en 3039 DeSoto Blvd. N.
Dos años después que el contrato fue firmado, y con el banco exigiendo que tenía que empezar a pagar el préstamo a pesar del hecho de que no había casa en el terreno, Alfaro dijo que decidió contactar al Departamento de Negocios y Regulación Profesional.
Fernández en septiembre 2006 presentó afirmaciones sobre su derecho de proveer contratos como urbanizadora, sin nesecidad de una licencia.
Sin embargo, de acuerdo con los funcionarios estatales las acciones de Fernández no eran las de un urbanizador, ya que este debe ser “propietario de la tierra y emplea a un contratista para construir una casa o varias en la propiedad, las cuales el urbanizador vende a un comprador una vez las casas están listas”, dijo Michelle Ossorio, supervisora de licencias para contratistas del condado Collier.
Por otra parte, los contratistas generales no son dueños de la tierra en la que trabajan, sino que sólo son empleados para construir el proyecto para el que fueron “contratados” - lo cual puede significar el empleo de subcontratistas que hagan el trabajo de construcción como tal, la plomería y el trabajo eléctrico.
En la Florida, existen dos tipos de contratistas generales y ambos requieren una licencia.
Debido a que Fernández fue contratada para construir casas en las propiedades de otra gente, sus acciones quedan bajo la sombrilla de contratista.
Con todo esto, ambas familias se preguntaban cómo era posible que Fernández permaneciera en el negocio por tanto tiempo sin tener una licencia, pero documentos estatales muestran que Russell L. Rimes Jr., un contratista con certificación estatal con New Century Homes Builders, estaba listado como la persona con la licencia que fue usada para obtener los permisos para ambos proyectos.
“Me gustaría que la comunidad reciba una alerta”, dijo Alfaro. “Tomé todas las precauciones y aún así fui engañada”.
Traducido para Vista Semanal.

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